El pasado sábado 13 de julio a las 14.00 terminó el
plazo para presentar alegaciones al borrador para la nueva ordenanza de
terrazas que el ayuntamiento ha cocinado a medida de los hosteleros de Madrid.
Sorprendentemente, en un tiempo record
de 4 días se revisaron y consideraron estas alegaciones, y el día 18 de
julio la junta de gobierno de Botella aprobaba esta ordenanza sin considerar ninguna de las 39
alegaciones vecinales.
El pasado mes de octubre el ayuntamiento aprobó una
normativa denominada Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), supuestamente
para limitar la saturación de ruido provocado por el ocio nocturno. A
diferencia de la anterior, la tramitación de esta normativa tardó varios meses,
de lo que la principal organización de
empresarios de la noche se felicitaba como un éxito propio; por haber
conseguido que el ayuntamiento retrasara su aprobación, vaciara de contenido
esa normativa y alcanzase con ellos el compromiso para aplicarla - dada su premeditada
indefinición - a expensas del organismo denominado AGLA (Agencia de Gestión de
Licencias de Actividad).
El responsable de AGLA es el concejal de Seguridad, a
pesar de ser una agencia económica, José
Enrique Núñez; sobre cuya gestión,
en su etapa como concejal del distrito centro, la plataforma Vecinos Madrid Centro ha pedido una auditoria a
Botella, sin ninguna respuesta por parte de la alcaldesa meses después.
Apenas hace dos años, un mes antes de las anteriores
elecciones, el ayuntamiento aprobó, de manera sigilosa, una modificación de la
anterior ordenanza de terrazas. Con esta nueva ordenanza, el ayuntamiento
acelera su estrategia - ya
iniciada hace años con la eliminación de
bancos y árboles de nuestras plazas, o sospechosas peatonalizaciones - para privatizar el espacio público.
Con esta nueva ordenanza, los hosteleros - fundamentalmente - se apropiaran de
nuestras plazas a calles a un precio ridículo, entre 10 y 74 €/m2 año, poniendo
en evidencia el modelo de ciudad que nos ofrece Botella, en el que los
ciudadanos tendrán que pagar a un hostelero por disfrutar de una plaza o una
calle, cuya construcción y mantenimiento se pagó con sus impuestos. Según cifras del propio ayuntamiento ya
se ha ocupado suelo público equivalente al tamaño de 50 campos de futbol con
terrazas en Madrid.
La consecuencia parece tan obvia: noches en vela para los vecinos, calles más sucias y mayores
dificultades para caminar; en especial para peatones invidentes o con
movilidad reducida. Todo ello sirviéndose como excusa del paro y la crisis
económica.
Sólo un ejemplo sobre
las garantías de esta norma: una terraza podrá abrir de un día para otro.
Si incumple la ordenanza, y la incumplen sistemáticamente más del 80%, tardará
meses en pagar las sanciones que supuestamente le fueran impuestas, pudiendo
seguir funcionando; ya que el hipotético levantamiento de las terrazas del que
habla la ordenanza resulta imposible; en centro hay miles de terrazas y un sólo
camión para retirarlas.
La alcaldesa
tiene en sus manos una estupenda ocasión para demostrar que los vecinos, a los que le
gusta referirse, somos algo más que
pagadores de tributos y tasas exageradas, y comparsas sufrientes de todo este "terrazón" que
engorda el caldo a uno pocos a costa de la salud de muchos.
La Plataforma Vecinos Madrid Centro somos: Asociación
de Vecinos de Cavas y Costanillas,
Asociación de Vecinos de Chueca, Asociación de Vecinos Barrio de Las
Letras, Asociación de Vecinos Ópera-Austrias, Asociación de Vecinos Plaza
Mayor, Vecinos de Plaza de Santa Ana
