La
Asociación de Vecinos de Chueca quiere DENUNCIAR ante la opinión pública como el ayuntamiento, por segundo año consecutivo, ha acordado con los empresarios (AEGAL)
que organizan el Orgullo Gay permitirles instalar un escenario en la
plaza de Chueca, con el objeto de camuflar bajo su instalación la colocación de
bares en la vía pública para la venta de alcohol; cosa que prohíbe la
legislación conocida como 'ley anti-botellón'. De esta manera estos
empresarios, en especial Maica Contreras presidenta de AEGAL y con varios
locales de copas en la plaza de Chueca, tendrían la posibilidad de infringir la ley anti-botellón
con el visto bueno del ayuntamiento; como llevan haciendo años
DENUNCIAR que la instalación de un escenario en la plaza de Chueca
supondrá, toda vez que los organizadores ya lo han anunciado, la organización de conciertos y el uso
de amplificación acústica que va contra
la ordenanza del ruido y contra la propia autorización del área de Medio
Ambiente del ayuntamiento, como ya sucediera el año pasado. La
consecuencia fue la apertura otro expediente que el ayuntamiento ni ha cobrado
ni va a cobrar. Los expedientes de ruido del ayuntamiento de Madrid a MADO, se
han quedado y se quedarán siempre sin ejecutar ya que incluyen deliberados
defectos que impiden hacer firme el cumplimiento de las sanciones.
La
consecuencia de todo ello será la peligrosa sobreocupación de la plaza de
Chueca, de hecho un cul de sac de apenas 20 de ancho y 900 m2, sobre la
que resulta técnicamente imposible aplicar un plan de emergencia, ya que ni la
configuración de la plaza ni las vías de escape permitirían una evacuación
segura. El ayuntamiento nunca ha
exigido a los organizadores un plan de auto-protección sobre esta plaza.
Los responsables de este modelo de velada autorización ilegal en el ayuntamiento serían el
responsable de Seguridad, José Enrique
Núñez, y el concejal del distrito centro. A los que queremos públicamente
advertir de las graves consecuencias que podrían tener sus decisiones, tanto
por amparar directa o indirectamente el incumplimiento de las normas como por
los gravísimos riesgos en materia de seguridad en los que incurren.
DENUNCIAR igualmente que el ayuntamiento ha retrasado deliberadamente la firma de las autorizaciones,
aunque la organización y el propio ayuntamiento ya han confirmado el contenido
de las mismas, para que de esta
manera las partes afectadas no tengan tiempo de presentar alegaciones e
interferir en las mismas. Queremos hacer notar al sistema de garantías legales,
jueces y fiscales, las irregularidades en las que podría estar incurriendo el
ayuntamiento; quien ha decidido poner en práctica un modelo de 'ingeniería' para infringir las normas en vez de
garantizar de manera transparente su cumplimiento. Tomen nota igualmente
quienes pudieran estar interesados en como maneja el sistema de garantías
públicas del ayuntamiento de Madrid.
DENUNCIAR, un año más, que MADO no es más que un negocio de
empresarios amigos, basado en la colocación de bares en la vía pública,
autorizados por el propio ayuntamiento bajo la tapadera de 'elementos anexos al
escenario'. Estos bares que el ayuntamiento autoriza no suponen ningún ingreso a la hacienda
pública, son alquilados a precio variable por AEGAL, a pesar de ser
suelo público sobre el que no tienen derechos propiedad; con la condición de
que los inquilinos les compren lotes de bebidas, incluido alcohol, en
cantidades mínimas, sin posibilidad de retorno, a los precios fijados y para vender
en exclusiva, incluso sin IVA. Los costes de seguridad
y limpieza corren por cuenta del presupuestos público, que no sólo no
ingresa por este evento/negocio sino que incurre en un importante gasto público,
sin contar las subvenciones que el
ayuntamiento otorga directa e indirectamente a estos empresarios.
El modelo de negocio que esconde MADO no está auditado ni
parece muy transparente, y tal vez la Agencia Tributaria, como ya hizo en
eventos como las Fallas debería investigarlo.
